Medidas parciales y Consulta Popular: el nuevo rumbo de la reforma laboral

Una de las primeras decisiones que tomó el Gobierno al conocer el hundimiento legislativo de
la reforma laboral, fue anunciar su intención de promulgar una serie de Decretos
reglamentarios (9), publicados en la agenda regulatoria del Ministerio de Trabajo, con los que
pretende realizar algunos cambios en temáticas que le parecen clave, sin embargo, estos no
atienden los puntos principales que contenía la reforma.

Los aspectos cruciales de la reforma eran: los cambios en la jornada diurna y nocturna;
cambios en las tarifas de recargos; generalización de los tipos de contratación laboral y
reducción de la tercerización; modificación en la contratación laboral de aprendices; entre
otros. Vale la pena resaltar que estos puntos de suma importancia no pueden ser modificados
por el Ejecutivo, sino requieren necesariamente de un trámite legislativo.

Teniendo esto en cuenta, el 17 de marzo se publicó la Agenda Regulatoria con 9 Decretos que
hacen referencia solamente a situaciones sindicales de un menor impacto comparado con la
reforma legislativa. Por ejemplo, se busca reglamentar un mejor funcionamiento para los
Comités de Convivencia Laboral al interior de los empleadores; o la unificación de procesos
de negociación colectiva en escenarios de multiplicidad de pliegos de peticiones; también el
funcionamiento de los Tribunales de Arbitramento para resolver conflictos colectivos de
trabajo; o lo referente a la limitación en el uso de los Pactos Colectivos de Trabajo.

Dichas temáticas carecen del impacto deseado, sea bien porque ya están reguladas y tienen
una aplicabilidad en la actualidad, o porque pueden derivar en una revisión constitucional que
“tumbe” los Decretos por un posible alcance negativo sobre los procesos laborales.

Sin lugar a duda encontramos que los proyectos de nuevas reglamentaciones por el Ejecutivo
no tendrán el impacto jurídico laboral que se requiere, sin embargo, pueden ser el inicio para
la campaña por el “Sí” en la Consulta Popular. No obstante, hasta la fecha no se tiene certeza
de si serán firmados y publicados por el Presidente o el Ministro de Trabajo y del momento en
el que inicien a regir.

Por otra parte, cada vez se viene conociendo un poco más sobre el alcance y contenido de las
preguntas que propondría el Gobierno para previa revisión del Senado y trámite de la Consulta
Popular.

Algunas de las que se han conocido, aún cuando no se tiene total certeza de que sean las que
se presenten y aprueben, dicen lo siguiente: ¿Está de acuerdo con priorizar el contrato a
término indefinido y disminuir la tercerización laboral para favorecer la estabilidad de los
trabajadores?, ¿Está de acuerdo con establecer regulaciones para los trabajadores de
plataformas digitales con el fin de garantizar más derechos laborales? o ¿Está de acuerdo con
que los estudiantes del Sena reciban el 100% de un salario mínimo durante sus pasantías en
las empresas?

Al leer las preguntas, se podría cuestionar si realmente alguna persona estaría en desacuerdo
en votarla positivamente, sin embargo, son preguntas que no resuelven los motivos para el
hundimiento de la reforma laboral que se tramitaba en el Congreso. Entre ello, la alta
probabilidad de que incremente el empleo informal en Colombia, así como la reducción de la
tasa de empleo que se generaría.

Aunque los Decretos que busca emitir el Gobierno representan un intento por mantener vivo
el espíritu de la reforma laboral, su alcance es limitado frente a los cambios estructurales que
requiere el sistema laboral colombiano. La imposibilidad del Ejecutivo para modificar por
Decreto los aspectos centrales de la reforma deja claro que solo una discusión legislativa
podrá abordar de fondo temas como la tercerización, los tipos de contrato o los recargos
laborales.

En este contexto, la posible Consulta Popular aparece como un mecanismo alternativo para
movilizar el respaldo ciudadano, aunque sus preguntas, formuladas de manera general, no
abordan los retos técnicos que causaron el hundimiento de la reforma en el Congreso.